Díaz endurecerá las sanciones a las empresas que incumplan la ley del trabajo temporal

La cruzada que mantiene la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra las empresas para reducir la temporalidad en el mercado laboral -la administración pública es la principal generadora de empleo temporal- gana capítulos día a día. El último se refiere a la modificación del artículo 7.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que la ministra ha propuesto a los agentes sociales dentro de las negociaciones para pactar una nueva reforma laboral que derogue la aprobada por el PP en 2012.

El artículo 7.2 de esta ley dice en estos momentos que se considera infracción grave «la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan se determinados por la negociación colectiva».

En cambio, la ministra ha propuesto añadir a ese artículo la siguiente frase: «A estos efectos se considerará una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas». En definitiva, lo que antes era una sanción para la empresa aunque incumpliera la ley con varios trabajadores, ahora será una multa por cada trabajador.

Además, añade la ministra otra modificación para cuantificar las multas en caso de que el empresario incumpla la ley con los trabajadores temporales. Lo que en la ley actual es una multa máxima de hasta 7.000 euros, ahora se amplía hasta los 10.000 euros. «La infracción grave señalada en el artículo 7.2 se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros», dice el nuevo epígrafe que quiere añadir la ministra. Hasta un 30% más de sanción máxima. Si la infracción se produce por ejemplo sobre tres trabajadores, lo que antes era una multa de 7.000 euros ahora sería de hasta 30.000 euros.

Límites a la temporalidad

La temporalidad es una de las obsesiones de la ministra Díaz, pero también es una línea roja de las patronales CEOE y Cepyme. El gran escollo es la intención de Díaz de limitar la contratación temporal al 15% de la plantilla de la empresa, una propuesta que cambió finalmente a 90 días al año en caso de campañas específicas y seis meses al año por temas de producción.

Pero los empresarios tampoco aceptan esta propuesta y piden libertad para contratar, flexibilidad, en línea con lo que pide Europa.

El resultado de estas diferencias es que será difícil que se alcance un acuerdo antes del 31 de diciembre, fecha a la que se ha comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas. La Comisión Europea ya ha señalado públicamente que tiene margen en los primeros meses de 2022, una concesión que viene después de que los empresarios advirtieran de que era muy difícil cerrar un acuerdo antes del 31 de diciembre, como publicó este diario.